Un tribunal de Toulon (sureste de Francia) ha fallado en favor de los demandantes en el caso de los implantes mamarios PIP, condenando al organismo encargado de su certificación al pago de unos 60 millones de euros en indemnizaciones.
El asunto se remonta a 2011, cuando se descubrió que la empresa francesa Poly Implant Prothèse fabricaba sus implantes con una silicona industrial, más propensa a romperse, y que además incluía aditivos utilizados en carburantes y componentes electrónicos, entre otras aplicaciones. Según estimaciones, se calcula que hasta medio millón de mujeres pueden llevar prótesis de este tipo.
Aún no se demostrado la toxicidad a largo plazo o relación causal con el cáncer de estas prótesis, pero el caso provocó una gran alarma social por la incidencia de esta enfermedad detectada entre las portadoras de los implantes.Pese a no haberse aún demostrado la toxicidad a largo plazo o relación causal con el cáncer de estas prótesis, el caso provocó una gran alarma social por la incidencia de esta enfermedad detectada entre las portadoras de los implantes. El hecho llevó ante la justicia, además de a la compañía fabricante, a la empresa alemana TÜV, encargada de la certificación de la calidad del producto, que anteriormente ya ha debido hacer frente a indemnizaciones millonarias.
La reciente sentencia, que comporta el pago de 3.000 euros a unas 20.000 demandantes francesas, va precisamente contra la compañía certificadora germana, que en total deberá desembolsar 60 millones de euros en cumplimiento del dictamen del juzgado de la localidad, capital económica del departamento de Var, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.